“Roy Barreras desestima suspensión contra Petro y la califica como una decisión sin sustento constitucional”
Roy Barreras cuestionó la decisión adoptada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro y aseguró que carece de efectos jurídicos por no estar respaldada por las competencias constitucionales de ese órgano.
La determinación anunciada por la representante Gloria Arizabaleta, relacionada con una presunta participación indebida en política por parte del mandatario, generó reacciones inmediatas dentro y fuera del oficialismo. Entre ellas, la del exsenador y exembajador Roy Barreras, quien afirmó que la Comisión de Acusación no tiene facultades para ordenar una suspensión presidencial.
“Como expresidente del Congreso, ratifico que la Comisión de Acusación no tiene ninguna atribución para adoptar una medida de esa naturaleza. Se trata de una decisión que no produce efectos jurídicos”, manifestó Barreras.
Las declaraciones se produjeron en medio de una controversia política que también involucró a Gustavo Bolívar, quien cuestionó el papel de Arizabaleta y recordó su antigua relación con Barreras. El exembajador respondió señalando que está separado de la congresista desde hace varios años y rechazó cualquier intento de vincularlo con la decisión.
Barreras sostuvo además que la medida representa una interpretación errónea de las competencias constitucionales y advirtió sobre los riesgos institucionales de promover decisiones que, según él, exceden las facultades legales de la Comisión.
Por otro lado, sectores de la oposición han planteado una lectura distinta de la controversia. Algunos dirigentes sostienen que el episodio podría convertirse en un elemento de movilización política para el oficialismo en la recta final de la campaña presidencial.
El representante Víctor Manuel Salcedo señaló que la medida anunciada no equivale a una suspensión efectiva del jefe de Estado y recordó que cualquier proceso de esta naturaleza debe surtir diferentes etapas institucionales antes de producir consecuencias jurídicas.
Mientras continúa el debate, expertos y dirigentes políticos mantienen posiciones encontradas sobre el alcance de la decisión, su viabilidad constitucional y sus posibles efectos en el ambiente político previo a la segunda vuelta presidencial.
